Las ayudas de las Administraciones para paliar las pérdidas por la sequía y la subida de costes son insuficientes para la magnitud del impacto sobre los profesionales
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos indica que las primeras estimaciones de renta agraria marcan una caída generalizada en la producción de todos los sectores, y muy brusca sobre todo en sectores estratégicos como cereal (-34,7%), vino y mosto (-20,8%) y aceite (-58,65), pero también en producción animal (-2,5%). Por su parte, los precios, si bien han sido elevados en determinados momentos, sus picos se alcanzan cuando el agricultor ya no tiene la producción en sus manos. Un ejemplo es el de las cotizaciones de cereales, donde los precios eran muy elevados hasta su cosecha cuando se desploman, por lo que el agricultor no recibe el precio medio del cereal durante todo el año, sino a partir de cosecharlo.
Con esos datos se demuestra que “la renta agraria quizás no es tan récord, o ni siquiera es de récord, como últimamente nos acostumbra el MAPA a anunciar todos los años, haya una sequía catastrófica e histórica o no", denuncia Unión de Uniones en el balance del año 2023 para el sector agrario y ganadero.
Las mermas de cosecha son signo inequívoco de que el cambio climático ha llegado para quedarse y la prueba más evidente es que hasta noviembre de este año las indemnizaciones por siniestralidad en los seguros agrarios eran superiores a 1,17 millones de euros -record histórico-mientras que en todo 2022 fueron de 806 millones de euros -también récord histórico-, lo que supone ya un aumento del 49 % a falta de un mes todavía para acabar el año. De las 17 millones de hectáreas cultivadas en España, más de 3,4 recibirán indemnizaciones.
El seguro: garantía de rentas para los profesionales
Los datos anteriores son de seguros agrarios, por lo que que si tenemos en cuenta que hay muchos agricultores o ganaderos que no contratan pólizas, las cifras de pérdidas por los efectos de la meteorología son muy superiores. Las Administraciones, pese a ello, no suelen compensar estas pérdidas y lo fían casi todo al sistema de seguros agrarios que desgraciadamente el Gobierno sigue recortando como hemos venido recordando a lo largo de todo el año desde Unión de Uniones. En este sentido, se reclamó a ENESA, Agroseguro y el Consorcio, en el reciente Seminario Estatal que celebró la organización en diciembre una apuesta pública y mayor apoyo económico al seguro agrario para mantener su estabilidad como garantía de rentas para los profesionales.
Los costes siguen elevados
Si en 2022 los costes de producción subieron de forma espectacular, este 2023 a punto de concluir han seguido elevados. Las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y la sequía provocan ese aumento. Fertilizantes, piensos, combustibles, electricidad, siguen con precios altos.
Sobre la electricidad cabe destacar que Unión de Uniones ha presentado una demanda de ejecución de sentencia contra el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) después de que éste incumpliera la resolución judicial sobre la implementación de un contrato de acceso eléctrico para regadío con doble tarifa, según lo dictaminado por el Tribunal Supremo que nos dio la razón.
En el lado positivo, hay que señalar que el Gobierno mantiene para 2024 las minoraciones en el IRPF del 35% para el combustible y del 15% de los fertilizantes, que ya se han venido aplicando en 2022 y 2023 debido al encarecimiento de los costes de producción.
Ayudas públicas insuficientes
Las Administraciones han dado ayudas públicas por las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y la sequía, totalmente insuficientes ante la magnitud del impacto y que además han dejado fuera a sectores importantes pese a tener también un incremento de costes. Lo más destacable se resume en los productores de viñedo y olivar que no han recibido ningún tipo de ayuda, tal y como le hemos reclamado sin éxito desde Unión de Uniones al recién reelegido ministro de Agricultura, Luis Planas, y donde al final hemos presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para revertir esta situación.
En este sentido, la organización presentó una batería de 50 medidas para paliar los efectos de la sequía y realizó una marcha desde diversas comunidades autónomas, que concluyó el pasado 5 de julio en una manifestación que acabó frente al Ministerio de Agricultura con un gran éxito de convocatoria: 180 tractores y más de 1.000 personas.
Mal funcionamiento de la cadena alimentaria
Destacar también el mal funcionamiento de la cadena alimentaria demostrado desde su última reforma. “Si nos quedamos en más observatorios y más seguimiento, pero no se toman medidas efectivas para que la ley se cumpla, los agricultores y ganaderos que somos el eslabón más débil seguiremos con precios por debajo de nuestros costes”, señala Unión de Uniones. Ni el Ministerio de Agricultura ni las Interprofesionales han tenido ni la voluntad ni la capacidad de establecer tampoco un coste medio de producción para los productos y que sea un precio de referencia por debajo del cual no se pueda comprar ninguna producción agraria y así ayudar a cumplir la Ley de la cadena alimentaria que continúa sin poner límite a la posición de negociación de muchos de los agentes de la cadena.
Un año de PAC con balance negativo: más burocracia y sin priorizar en los profesionales
Estamos a punto de concluir el primer año de la nueva PAC y el balance de aplicación es más que negativo por la elevada burocracia y exigencias inútiles para cobrar cierta parte de estas ayudas que además no se priorizan en las personas que se dedican profesionalmente al sector agrario, abriendo las puertas a perceptores que incluso ni viven en las zonas rurales. El descarrilamiento del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), del que todos protestan, se encuentra tanto en el Gobierno central como en los regionales, atrincherados en sus cheques en lugar de proteger a los profesionales. Sobre el anticipo de las ayudas de la PAC presentamos un estudio donde se refleja que la media de pago fue del 40% en lugar del 70% permitido, lo que nos lleva a concluir que “es pura propaganda su anuncio”.
Sobre el cuaderno digital de explotación, se logró que no se implantara el pasado verano y, de entrada, se ha conseguido que los grandes productores tengan que empezar en septiembre de 2024, los medianos-pequeños un año más tarde en 2025, quedando los muy pequeños fuera de esta obligación. Aún así, Unión de Uniones no está satisfecha y seguira trabajando ya no sólo por una modificación en las fechas de la implantación, sino también por mejorar el contenido obligatorio de este cuaderno digital.
La superpoblación de fauna silvestre sigue al alza, y con ella los problemas de daños y sanidad animal
“La agenda verde del Gobierno nos preocupa mucho en algunos temas, como el caso del lobo, los ataques a la ganadería, la fauna silvestre o las limitaciones al regadío”, apunta la organización.
La presión cinegética por numerosas especies, sobre todo jabalíes y conejos, es elevada y por ello la organización sigue reclamando medios y propuestas eficaces como es una Ley de Gestión de Fauna Silvestre para controlar y reducir esta proliferación hasta niveles sostenibles para el medio, ya que los agricultores sufren un sobrecoste desmesurado.
