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Cuadernos Manchegos
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor la conservación y el mantenimiento del patrimonio, más concretamente la obra pública histórica y el legado de la obra civil que convive con el paisaje, como pieza esencial en la lucha contra la despoblación, ya que representa una oportunidad desarrollo económico, turístico y de impulso de las zonas afectadas por la pérdida demográfica.

Así lo ha traslado hoy el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, durante su intervención en la primera jornada del I Congreso Internacional de Patrimonio, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y donde ha explicado que la Estrategia Regional frente a la Despoblación -la principal herramienta de aplicación de la Ley de medidas contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha- incluye la diversificación de la actividad económica que tiene por objeto entre otras cuestiones, fomentar el turismo en todos sus ámbitos.

En la ponencia inaugural, Jesús Alique, que ha compartido espacio con el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, se ha detenido en el turismo rural, “y con él, la obra pública histórica de Castilla-La Mancha”, un patrimonio importante “que este año 2023 ha contado con siete millones de euros de inversión para su conservación y mantenimiento”.

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Obra pública para avanzar en cohesión territorial

Asimismo, ha llamado a trabajar por la mejora de las condiciones de vida del medio rural y avanzar en la cohesión territorial a través de la obra pública. En concreto, el comisionado del Reto Demográfico se ha referido a la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua a domicilio y depuración de aguas residuales, para lo que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha destinado 38,3 millones de euros para 2023. Finalmente, ha aludido a la necesidad de asegurar el acceso de todas las poblaciones por carretera en perfectas condiciones, tal y como se viene haciendo desde el Gobierno regional, aún más en situaciones como las recientes lluvias provocadas por la DANA o en el caso de las intensas nevadas, “para garantizar así el acceso a los servicios básicos como la educación o la sanidad”.

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