El vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado del PP-CLM, Santiago Lucas-Torres, ha denunciado que la imposición del canon del agua por parte del Gobierno de Emiliano García-Page, calificándolo de “un impuesto injusto, traicionero, encubierto y recaudatorio» que asfixia a las familias, ahoga a los ayuntamientos y pone en jaque la competitividad de las empresas.
Así lo ha indicado en una rueda de prensa en el Parlamento autonómico, donde ha señalado que el agua se ha convertido en la excusa perfecta para saquear los bolsillos de los castellanomanchegos”.
Así, Lucas-Torres ha subrayado que este tributo no responde a una obligación europea, como pretende hacer creer el Gobierno de Page, sino a una decisión política de la Junta de Comunidades “para engordar sus arcas”.
Se trata, ha afirmado el parlamentario ‘popular’, de un impuesto “que golpea a familias, ayuntamientos y empresas”, siendo un ataque en toda regla al municipalismo, especialmente a los municipios en los que no gobierna el PSOE. “El nuevo impuesto al agua no es otra cosa que meterle la mano en el bolsillo a los vecinos de Castilla-La Mancha”, ha dicho.
Así, ha señalado que, para las familias, aunque el Gobierno intenta minimizar el impacto diciendo que es «el coste de un café», lo cierto es que una familia de dos miembros pagará 24 euros más al año, una de tres 29 euros y una de cuatro unos 40 euros. “En una región con los mayores índices de pobreza material severa de España, según la Tasa AROPE, este impuesto supondrá un nuevo golpe para miles de hogares”, ha incidido.
Lucas-Torres ha añadido que, para los ayuntamientos, el canon convierte a los alcaldes en meros recaudadores del Gobierno regional, obligándolos a asumir costes de gestión del 4 por ciento y a afrontar el pago de las fugas de agua en las redes municipales, que en algunos casos superan el 50 por ciento del consumo total. Además, deberán asumir los impagos de los recibos menores a 60 euros, lo que supone un lastre “insostenible” para muchos consistorios.
Igualmente, para las empresas, este impuesto eleva los costes productivos y reduce la competitividad, ya que las industrias y empresas agrícolas deberán pagar por cada metro cúbico de agua consumido, incluso si tienen pozos propios, y en algunos casos deberán afrontar un coste fijo de hasta 500 euros al mes solo por tener contador. Ejemplo de ello es una residencia de mayores en La Mancha, que verá incrementada su factura en más de 5.500 euros anuales.
UN TRIBUTO RECAUDATORIO SIN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
“Lejos de destinarse a mejorar la gestión del agua, el canon del agua es un mero instrumento de recaudación, ya que el presupuesto para infraestructuras hídricas ha disminuido en lugar de aumentar”, ha afirmado Lucas-Torres.
El parlamentario del PP-CLM ha denunciado que “el propio Gobierno eliminó de la ley la referencia a que los ingresos del canon se destinarían a mejorar infraestructuras hidráulicas. Ahora, simplemente se destinará a lo que Page quiera, dejando en evidencia que su única finalidad es recaudar más dinero a costa de los ciudadanos”.
Además, el PP ha alertado de que el 25 por ciento de lo recaudado se devolverá a los ayuntamientos con un criterio político, favoreciendo a unos municipios sobre otros según la conveniencia del Gobierno regional.
Por ello, el Partido Popular ha denunciado que la implantación del canon del agua ha sido “un desastre administrativo” desde el primer día. “Más de la mitad de los ayuntamientos no tienen medios para gestionarlo y la empresa encargada del cobro ha sido contratada por más de 1.283.573 euros sin contar con experiencia previa en este tipo de tributos”, ha señalado Lucas-Torres.
“El agua no puede ser la excusa para seguir exprimiendo a los castellanomanchegos. Vamos a seguir luchando hasta conseguir la eliminación de este impuesto injusto y confiscatorio”, ha concluido Lucas-Torres.
De otro lado, ha aseverado que el Gobierno de Sánchez ha obligado a los ayuntamientos a asumir los costes del 100 por ciento del coste de la tasa de basura, eliminando cualquier posibilidad de que los consistorios alivien la carga de sus vecinos. “Lo que antes era una decisión local, ahora se convierte en una imposición, limitando la autonomía municipal y encareciendo un servicio básico”.
