Las propuestas de Izquierda Unida de Castilla La Mancha, parten de la concepción de que el agua es un derecho humano esencial, como ha reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, y que se trata de un "patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal", reconociéndole valores culturales, sociales, ambientales y económicos, como se dice la Directiva Marco del Agua. A partir de esta concepción política, se articulan las propuestas que esta formación ha llevado al Consejero para que se negocie su inclusión en el texto y que de forma sintetizada son:
En este sentido, Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida de Castila-La Mancha, ha manifestado: "Si recogemos en el Pacto Regional la consideración del agua como derecho humano y no de mercancía asumiríamos que con el agua no solo no se puede mercadear sino que tampoco puede ser moneda de cambio de luchas partidistas en los contrapesos políticos nacionales".
En la formación de izquierdas han manifestado que están dispuestos a hablar de un pacto, pero debemos tratar sin duda el modelo de desarrollo que queremos, ya que si no, aunque usemos todos los medios tecnológicos a nuestro alcance, incluidas las desaladoras, "si mantenemos el actual modelo de desarrollo, no podremos asegurar el agua ni para el abastecimiento humano", ha manifestado Crespo.
En Izquierda Unida de Castilla-La Mancha explican que "si mantenemos el concepto político del agua como un derecho, también se regularán las cesiones entre particulares e incluso se tendría un mayor control público de las obras de infraestructura que siempre van asociadas al agua formando parte ineludible de su negocio", ha manifestado concretamente Txema Fernández.
IU plantea al Consejero que se adhiera a la apelación de la sentencia de los reprobadores de Fraguas y a buscar una solución dialogada al conflicto.
Los representantes de IU no han querido desaprovechar la oportunidad de exponer al Consejero de Agricultura su planteamiento sobre el grupo de jóvenes que reprobaron el municipio de Fraguas en Guadalajara, y que reconstruyeron edificios de los que quedaba poco más que los cimientos, empleando técnicas constructivas tradicionales y sin causar daño a los bienes de uso público, como se reconoció en la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal nº 1 de Guadalajara.
Pero a pesar de ello, en dicha sentencia se condena a los seis repobladores del municipio de Fraguas a un año y seis meses de prisión y una multa de 15 meses. Igualmente se les condena a pagar las costas procesales y los costes de demolición. Esta durísima sentencia ha sido recurrida por la defensa insistiendo en la ausencia de daño ambiental y la menor intervención del ámbito penal.
Por todo ello, Juan Ramón Crespo y Txema Fernández, han instado al Consejero, Francisco Martínez, a que la Consejería de Agricultura de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se adhiera a la apelación de la sentencia, y a buscar una solución dialogada al conflicto y que, en todo caso, emplee otras vías de protección de sus bienes jurídicos, menos gravosos para las personas conforme al principio de intervención mínima que debe regir en el ámbito penal.
