El vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado autonómico del PP, Santiago Lucas-Torres, ha reclamado la paralización y la derogación del nuevo Canon del Agua en Castilla-La Mancha, el nuevo impuesto de Emiliano García-Page, que es “injusto y que trae más carga fiscal y pérdida de poder adquisitivo a una región que necesita más ayudas que impuestos”.
Así lo ha indicado el diputado durante su intervención en el pleno del Parlamento regional, donde ha incidido en que este impuesto es una política “mal diseñada en su forma actual, es una medida injusta que amenaza con aumentar la pobreza, debilitar la capacidad de los ayuntamientos y dañar la competitividad empresarial en Castilla-La Mancha”, por lo que “si no se corrige de manera urgente, sus efectos serán demoledores para la región”.
Lucas-Torres ha aseverado que este canon “no representa un esfuerzo importante para financiar la sostenibilidad hídrica en Castilla-La Mancha, sino que es un simple mecanismo para recargar las arcas públicas del Gobierno de Page” y por el que “recaudarán más de cuatro veces lo presupuestado este ejercicio”.
“No podemos permitir que esta carga injusta recaiga sobre nuestros municipios, empresas y familias”, ha dicho, por lo que este nuevo impuesto “representa un grave obstáculo para el desarrollo regional”.
Lucas-Torres ha recordado que los 919 ayuntamientos y todos sus vecinos sufrirán injusticias como que pagarán un Canon del Agua por consumos propios, pagarán por las pérdidas en redes, que en algunos casos supera el 50 por ciento por fugas, asumirán el coste de un 4 por ciento de gastos de gestión, además tendrán que asumir pagar lo que no puedan cobrar como son los impagos de cualquier abonado, al ser recibos inferiores a 60 euros.
“No solo es intolerante y bochornoso, sino que es la mayor injusticia entre administraciones que hemos conocido en Castilla-La Mancha”, ha alertado.
Lucas-Torres ha destacado que la estructura tarifaria del canon tiene consecuencias directas en las familias y colectivos vulnerables, aunque se hayan previsto bonificaciones, las trabas administrativas limitan su acceso efectivo, porque los cálculos indican que una familia de cuatro miembros verá un aumento en su factura anual de un mínimo de 29 euros y que otros, entre un 20 y un 30 por ciento, pagarán más de 40 euros anuales.
Además, el impacto económico en los ayuntamientos privará de poder tener mejores servicios sociales o de atender las competencias impropias que el PSOE no es capaces de cubrir y solucionar, “y que gracias a nuestras entidades locales muchas familias pueden ser atendidas como se merecen”.
“Y si dejamos el municipalismo y pasamos al sector empresarial obviamente será un gran obstáculo para el desempeño de su actividad y una merma que en muchos casos que les dispara los costes”, ha concluido.
