El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de ley sobre los derechos de las personas consumidoras. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que desde la llegada de este Ejecutivo, “se ha trabajado intensamente en la actualización de la normativa territorial que existía en materia de derechos del consumidor con el ánimo de que su contenido se incardine de forma armónica dentro del ordenamiento jurídico español y de la Unión Europea”.
En rueda de prensa, Fernández Sanz ha explicado que con la nueva realidad social, con la ampliación del acervo jurídico en la materia, era necesaria la redacción de un nuevo documento regulador.
Así, ha explicado el responsable de las políticas sanitarias, el texto se incardina dentro del ordenamiento jurídico español y de la Unión Europea con respeto a los derechos que en esas regulaciones se reconocen a las personas consumidoras, profundizando en la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en su defensa, e incidiendo en los derechos reconocidos, para su ejercicio de manera real y efectiva en el marco jurídico organizativo autonómico.
Asimismo, se contemplan nuevos derechos que deben coadyuvar en el acceso y disfrute de condiciones de vida dignas, garantizando los bienes y suministros que resulten precisos para la satisfacción de necesidades, en línea con los programas de políticas públicas de protección de las personas consumidoras impulsados por instituciones internacionales o comunitarias.
El consejero ha destacado que ha sido muy importante el trabajo realizado con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, explicando que “han sido dos años de reuniones, análisis, y de marcar objetivos que se deben cumplir con la nueva normativa propuesta”. El pasado mes de noviembre, ha recordado, “se abrió un periodo de consulta pública para recoger sugerencias al Anteproyecto”.
Entre las nuevas aportaciones que recoge el anteproyecto de ley destacan, entre otras cuestiones, la de seguridad general de los productos, responsabilidad por productos defectuosos, sistemas de pago, comercialización a distancia de servicios financieros, pensiones, seguros e inversiones, ventas a domicilio, utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, viajes combinados, acciones de cesación, cooperación administrativa, seguridad de los servicios y responsabilidad de los proveedores de servicios, comercio electrónico, servicios de interés general, prácticas comerciales desleales, publicidad comparativa y engañosa, indicación de precios, cláusulas abusivas en los contratos, venta y garantías de los bienes de consumo y venta a distancia. “Todo ello hace necesario aprobar esta nueva norma”, ha dicho.
Asimismo, para la elaboración del Anteproyecto, se ha tenido en cuenta la normativa de la Unión Europea aprobada durante los últimos años en esta materia, y que se ha visto incrementada debido a una mayor incidencia del derecho de las personas consumidoras en el mercado de bienes y servicios.
