La Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-Intersindical) ha expresado su preocupación ante el nuevo borrador del Real Decreto de Educación que se encuentra en proceso de negociación. Este documento, según la organización sindical, no prevé la reducción de las ratios en las aulas y plantea la posibilidad de eliminar la gratuidad de los cursos de acceso a la formación profesional.
En concreto, el Real Decreto 659/2023 establece la supresión casi total de la gratuidad de los cursos de acceso a la formación profesional de grado medio y superior cuando sean impartidos por centros privados y por administraciones locales.
Durante la mesa ministerial de Educación, STEs-Intersindical ha señalado que “estas medidas representan un retroceso para la oferta educativa pública y refleja una clara intención de fomentar la colaboración público-privada”. Además, STEs-Intersindical ha instado a recuperar los requisitos que se presentaron en el Consejo Escolar del Estado para el primer ciclo de infantil, que son “2 metros cuadrados por puesto escolar, una sala polivalente de 36 metros cuadrados, un patio de 150 metros cuadrados, un aseo y una ducha por aula, además de una reducción de la ratio en infantil de 2 y 3 años”.
Datos que revelan realidades
En la última década, el alumnado de grado medio en centros privados ha aumentado un 81 %, en comparación con un 16 % en los centros públicos. En los grados superiores, la diferencia es aún más marcada: un incremento del 205 % en los privados frente al 36 % en los públicos. Esta disparidad ha llevado a los centros públicos “a ser incapaces de ofrecer ciclos formativos en áreas muy demandadas como Sanidad, Informática y Comunicaciones”, ha destacado la agrupación sindical.
Aprovechando la modificación de los reales decretos, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ha insistido en el caso del Real Decreto 1560/1995, que regula la figura del profesorado especialista, ahora denominado “experto en el sector productivo”.
Esta figura, que está en auge, no requiere de titulación universitaria ni de preparación didáctica. Durante años, “la administración ha incumplido la normativa que impedía contratar a especialistas sin titulación por más de tres años. La solución del Ministerio ha sido eliminar esta restricción, desregulando su contratación para potenciar esta figura”, han manifestado STEs-i.
En conclusión, la organización sindical advierte de que las modificaciones propuestas en el Real Decreto 659/2023 representan “un significativo retroceso para la Educación Pública”.
