'La mejor vacuna contra la COVID-19 es tener un hogar’. Bajo este eslogan, tres grandes organizaciones sociales (Plena inclusión, Hogar Sí y Provivienda), que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y en situación de sinhogarismo han unido sus fuerzas para lanzar hoy en redes sociales la campaña #QuieroMisLlaves. Se trata de reivindicar el acceso a una vivienda digna y elegida como un derecho fundamental, que en la actualidad es de muy difícil acceso para cientos de miles de personas, y que al garantizarlo abre la puerta a otros muchos derechos ocultos.
“En nuestro país perviven modelos marcados por una tradición asistencial, que entienden que una institución se convierte en la mejor y única alternativa de vida para estas personas, sobrentendiendo que en ese lugar van a estar más protegidas, seguras y mejor cuidadas”, recuerda el manifiesto firmado por Plena inclusión, Hogar Sí y Provivienda, en el que se solicita a las administraciones públicas que valoren la capacidad de generar cambios fundamentales en las vidas de las personas que tienen los modelos de pisos de vida independiente y en comunidad.
Tras la experiencia registrada en algunos centros durante la crisis sanitaria, estas organizaciones abogan por un cambio de modelo que abandone el asistencialismo y potencie la participación y la vida independiente de las personas en la comunidad, siempre contando con los apoyos necesarios. No obstante, cabe destacar que el modelo de apoyos personalizados se ha visto más legitimado desde muchas organizaciones que con su apoyo lo están haciendo posible. Y frente al peso de modelos de atención institucionalizados, se aprecia una mayor conciencia sobre la necesidad de transitar hacia sistemas de apoyos en la comunidad, tal y como defiende la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las reivindicaciones de #QuieroMisLLaves hacia las administraciones públicas son:
Que se inviertan más fondos públicos en propuestas de vida independiente y viviendas en la comunidad, donde las personas puedan desarrollar un proyecto de vida elegido.
El diseño, adopción y aplicación de estrategias integrales de desinstitucionalización, que vengan acompañadas de apoyos y ayudas con las que garantizar, de forma estable y permanente, el derecho de todas las personas a decidir sobre cómo quieren vivir.
Iniciativas desde el Gobierno del Estado, desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos que promuevan nuevas políticas de fomento y construcción de vivienda pública a precios asequibles para que el acceso a este bien fundamental para una vida digna sea más sencillo para todas las personas.
