La vejez no puede ser considerada como una enfermedad, sino como una etapa de la vida que requiere un enfoque preventivo y proactivo. Es fundamental que los planes y políticas sociales, económicas y sanitarias de los gobiernos incluyan medidas adecuadas para responder a las necesidades específicas de las personas mayores.
El sistema público de pensiones es un pilar fundamental del Estado de Bienestar en nuestro país, un símbolo de solidaridad generacional e interterritorial. En consecuencia, resulta imprescindible establecer medidas mínimas de protección social a fin de garantizar la seguridad en el ingreso y en el acceso a servicios sociales y de salud esenciales para todas las personas de edad, así como proporcionar medidas precisas de seguridad que contribuyan a demorar la discapacidad y prevenir el empobrecimiento en la vejez.
Las inversiones en sistemas de pensión se consideran uno de los medios más importantes para asegurar la independencia económica y reducir la pobreza en la vejez. Por tanto, la sostenibilidad del sistema debe ser una prioridad, asegurando pensiones dignas y suficientes para todos y todas.
La posible utilización de los pensionistas por parte de los representantes políticos para conseguir otras medidas ajenas a las pensiones nos obliga a reflexionar sobre las deficiencias y vulneración de derechos y, además, ofrecer recomendaciones sobre del camino a seguir, a fin de conseguir una sociedad en la que todas las personas, sean jóvenes o mayores, tengan la oportunidad de contribuir al desarrollo, compartir sus beneficios y vivir con dignidad.
El sistema de pensiones en España se basa en un modelo de reparto, donde las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. Sin embargo, este sistema enfrenta desafíos debido al envejecimiento de la población y la disminución de la tasa de natalidad. Es evidente que, en los últimos años, la Seguridad Social ha registrado déficits, lo que ha provocado preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo, generando un avivado debate sobre la necesidad de implementar reformas para garantizar el pago de pensiones en el futuro.
El Pacto de Toledo fue concebido como un acuerdo entre partidos políticos para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, las diferencias ideológicas han dificultado la llegada de consensos sobre reformas concretas. Además, existen diferencias significativas en las pensiones según el género, la ocupación y el historial laboral. Las mujeres, en particular, suelen recibir pensiones más bajas debido a interrupciones en su carrera laboral y a la persistente brecha salarial. Como ya hemos denunciado en diversas ocasiones son las mujeres del mundo rural las más discriminadas.
Aunque existe un derecho a una pensión digna, muchas pensiones mínimas son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los jubilados, lo que plantea un problema de pobreza entre la población mayor. El derecho a una pensión digna implica que todos los ciudadanos reciban una pensión que les permita vivir con dignidad, lo que supone no solo el monto de la pensión, sino también el acceso a servicios de salud y bienestar.
Razonadamente, las movilizaciones de pensionistas han puesto de relieve la preocupación de la ciudadanía por la situación de las pensiones, exigiendo mejoras y un compromiso político para garantizar pensiones dignas, que no dependan de los intereses de los partidos políticos y del gobierno que, en cada momento, ostente el poder. Es fundamental que los incrementos en la pensión aseguren que todos los jubilados y jubiladas puedan cubrir sus necesidades básicas, además de incluir medidas para ajustar las pensiones a la inflación y al coste de la vida.
Las propuestas de reforma del sistema de pensiones son un tema de intenso debate político. Por ello, realizar una reforma integral que contemple la sostenibilidad del sistema de pensiones, garantizando el derecho a una pensión digna, precisa de un análisis riguroso de las fuentes de financiación y de la posibilidad de diversificar los ingresos del sistema. Lógicamente, es fundamental implementar programas de educación financiera que informen y formen a los ciudadanos sobre la importancia de planificar la jubilación y las diferentes opciones de ahorro complementario. Además, sería preciso promover políticas que incentiven la cotización a la Seguridad Social, especialmente entre los trabajadores jóvenes y en sectores con alta temporalidad, incluyendo bonificaciones fiscales o programas de formación y empleo.
La historia nos ha evidenciado que es difícil avanzar en derechos y justicia social sin diálogo social, con organizaciones que defiendan los intereses de los ciudadanos sin servidumbres partidistas. Por ello, es preciso fomentar un diálogo social inclusivo que involucre a todos los actores relevantes (sindicatos, organizaciones de jubilados y expertos en políticas sociales), para alcanzar consensos sólidos sobre el futuro del sistema.
Solicitamos consenso político y responsabilidad del gobierno para proteger el sistema público de pensiones y blindar su carácter como derecho fundamental. Los jubilados y las jubiladas no deben ser utilizados como moneda de cambio en las luchas partidistas, por ello es urgente alcanzar un Pacto de Estado que garantice la estabilidad y dignidad de las pensiones, alejándolas de la incertidumbre económica y asegurando el respeto pleno de este derecho fundamental.
Dra. Ascensión Palomares Ruiz
CATEDRÁTICA
PREMIO POR SU DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES
