La propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación parcial de la deuda autonómica ha sido recibida con entusiasmo por el Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García-Page. Sin embargo, esta medida es un claro ejemplo de cómo el Gobierno central busca sostenerse a costa del dinero de todos los españoles, mientras el ejecutivo autonómico se presta al juego con una actitud complaciente, vendiéndola como un gran logro cuando en realidad es una maniobra ineficaz y demagógica.
El gobierno de Page está construyendo un relato cortoplacista presentando la condonación de deuda como un beneficio sustancial para la región, cuando en realidad se trata de alivio financiero ficticio y una trampa contable, en definitiva, una operación de maquillaje financiero. El Consejero de Hacienda ha calificado la medida como una «cuantía muy importante» que permitirá un alivio financiero de aproximadamente 100 millones de euros al año en intereses. Esta cuantía será muy inferior en cuanto se concreten los detalles. Lo que el consejero omite deliberadamente es que este supuesto ahorro no podrá destinarse a políticas sociales debido a la regla de gasto, tal y como han explicado tanto la AIReF como el propio Ministerio de Hacienda.
Más aún, esta quita es un one off, es decir, una medida excepcional y no recurrente que no soluciona el problema estructural de la infrafinanciación. Castilla-La Mancha pierde más de 300 millones de euros anuales por el actual sistema de financiación autonómica, un déficit que seguirá existiendo tras la condonación. Pese a ello, el Ejecutivo regional ha optado por aplaudir la medida en lugar de exigir un cambio real en la financiación, en una actitud conformista y oportunista más. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a un conformismo que nos aleja a marcha forzadas de la media española y europea en términos de convergencia, riqueza o innovación.
El diseño de esta condonación no solo es ineficaz, sino que favorece descaradamente a quienes peor han gestionado sus cuentas. Cataluña es la gran beneficiada con 17.104 millones de euros, una cantidad que representa un 87,2% más de lo que le correspondería según criterios objetivos de equidad. Nuestra región se vería mucho menos favorecida (+14,9%) mientras otras comunidades, como la Comunidad Valencia y la Región de Murcia, son castigadas con reducciones de hasta un 39,2% y 34,5%, respectivamente.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aceptado sin reservas esta distribución, sin plantear objeciones sobre su injusticia o sobre la falta de condicionalidad en la quita. En lugar de exigir criterios de equidad y responsabilidad, el ejecutivo de Page, como los malos alumnos de la clase, ha optado por sumarse a la celebración de una medida que perpetúa la indisciplina fiscal de CCAA que han gastado por encima de sus posibilidades.
Desde que gobierna Page la deuda de Castilla – La Mancha ha crecido un 25,38%, hasta los 16.472 millones de euros, de los que cerca de 13.987 son con el FLA, una cifra que no ha dejado de crecer en los dos lustros que Page lleva al frente del gobierno autonómico.
¿Por qué Page no encarga a AIReF una spending review del gasto en sanidad y educación de la región? Sencillo, porque este gobierno no invierte, malgasta.
Más allá del debate sobre la distribución de la medida, es fundamental señalar que esta condonación no elimina la deuda, sino que la traslada del ámbito autonómico al estatal. En otras palabras, lo que dejan de pagar las CCAA saldrá de los bolsillos de todos los ciudadanos mediante más impuestos y mayor endeudamiento. Según AIReF, esta operación implicará emisiones adicionales de deuda pública por unos 15.300 millones de euros. Sánchez ya nos ha aplicado a todos (también a los castellanomanchegos) 97 subidas fiscales entre impuestos y cotizaciones así que asuman que superaremos las 100 antes de 2026 para pagar la fiesta.
Por tanto, no es un beneficio gratuito para las CCAA sino que tendrá impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Resulta sorprendente la actitud del gobierno regional contribuyendo a la desinformación y a la narrativa populista de que la condonación es un «regalo» sin coste alguno para los ciudadanos.
La condonación de deuda no es una medida económica más sin contexto, sino un pago político del PSOE a ERC a cambio de su apoyo parlamentario que se nos impone a todos los españoles. El acuerdo entre ambas formaciones incluye la cesión de las competencias fiscales a Cataluña, lo que supone un paso más en la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema de financiación.
Mientras el Gobierno central intenta justificar esta medida como una compensación por la crisis financiera de 2008, los datos muestran que Cataluña no ha sufrido una infrafinanciación significativa, sino que ha sido una de las regiones más beneficiadas por el sistema de financiación desde 2009. En lugar de exigir responsabilidades por su mala gestión, Pedro Sánchez ha optado por premiar su endeudamiento irresponsable y garantizar su estabilidad política a costa del resto de España.
Por eso, la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha es aún más preocupante. Lejos de defender los intereses de la Comunidad y exigir una financiación justa, Page ha optado por alinearse con Montero y Sánchez, vendiendo la quita como una victoria cuando en realidad se trata de un acto de sumisión política y de renuncia a reclamar soluciones estructurales. Mientras nuestra región siga incurriendo en déficit habrá más deuda y menos dinero para políticas sociales.
Las verdaderas soluciones son la responsabilidad y la reforma del modelo de financiación. Lejos de respaldar medidas arbitrarias y populistas, Castilla-La Mancha debería estar liderando el debate sobre una reforma estructural del sistema de financiación autonómica. La solución no pasa por condonar deudas sin exigir cambios reales:
• Implantar un control estricto del gasto público para evitar la acumulación de deuda.
• Reformar el sistema de financiación autonómica para corregir desigualdades y garantizar la sostenibilidad fiscal.
• Fomentar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
• Aplicar criterios de solidaridad interregional sin privilegios ni discriminaciones políticas.
La quita de la deuda es un ejemplo más de cómo el Gobierno central usa los recursos públicos como moneda de cambio político, premiando la mala gestión y generando un agravio territorial injustificable. Lo más preocupante es la actitud complaciente del Gobierno de Castilla-La Mancha, que en lugar de denunciar esta arbitrariedad y exigir soluciones reales, ha preferido sumarse a la celebración de una medida que no beneficia estructuralmente a la región.
Los castellanomanchegos merecen un Gobierno que defienda sus intereses con firmeza, no uno que acepte migajas y renuncie a la lucha por una financiación justa y equitativa. La deuda no se condona con demagogia; se soluciona con responsabilidad, rigor y reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
Santiago Sánchez López
Economista y miembro del Consejo Político del Partido Popular de Castilla-La Mancha
