Trabajar en una Administración Pública no es garantía de esquivar la precariedad, y eso lo saben bien las mujeres que trabajan en los centros educativos, y hablamos de mujeres porque más del 80% de los colectivos afectados son mujeres, lo que implica una segregación de género que las leyes obligan a erradicar.
Es inadmisible que el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha mantenga entre su personal trabajador fijo e interino, contratación precaria y discriminatoria frente al resto de las empleadas y los empleados públicos. La prestación del servicio público no puede ni debe ir de la mano de unas condiciones laborales indignas. Es preocupante ver cómo trata el Gobierno de Castilla-La Mancha a estos colectivos.
Trabajadores y trabajadoras de las categorías Auxiliar Técnico Educativo (ATE), Técnico Especialista en Lengua de Signos (TEILSE), Personal de cocina (cocineros y ayudantes de cocina), todos ellos trabajadores de la Consejería de Educación, después de pasar un proceso selectivo duro y exigente, son contratados por la Administración solamente para las horas lectivas, tienen un contrato parcial y discontinuo.
El mantenimiento de esta contratación imposibilita que el personal que trabaja bajo este tipo de contratación pueda acogerse a derechos regulados en el Convenio Colectivo vigente, derechos como la formación y la jubilación parcial, entre otros, además de la carga burocrática que conlleva y que colapsa las delegaciones provinciales en el inicio de curso.
Pero esta situación no solo perjudica al personal afectado, sino que el resto de trabajadores y trabajadoras también se ven afectados, ya que imposibilita la movilidad voluntaria en las mismas condiciones de inicio, pues trasladarse a un centro educativo conlleva un gran perjuicio en las condiciones laborales; éste es el motivo por lo que la Consejería de Educación tiene la tasa más alta de interinidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Las transferencias educativas a la comunidad autónoma trajeron una situación anómala que con el Ministerio no existía y que es el momento de poner fin.
Las organizaciones sindicales CCOO, STAS-CLM, CSIF y UGT exigen al Gobierno de Castilla-La Mancha que ponga fin a una situación discriminatoria e injusta y revierta la contratación del personal afectado.
