La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el estado de abandono en el que se encuentran las oficinas agrarias de la provincia de Ciudad Real. Una situación que lleva arrastrándose desde hace años y que lejos de solucionarse, continúa agravándose aún más.
El sindicato, que responsabiliza a la Consejería de Agricultura y a la Delegación provincial de este problemática, lamenta que a día de hoy sigan sin mejorarse la estructura y dotación de personal que prestan servicio en las oficinas agrarias de la provincia.
Actualmente, existe un 30% menos de personal administrativo del que establece el catálogo de puestos de la Consejería de Agricultura para labores de registro y atención al público, y entre un 20 y un 25% menos de personal técnico en la provincia de Ciudad Real. “Resulta paradójico que una de las provincias con mayor superficie de viñedo y olivar de toda España, así como mayor número de cabezas de ganado sea la que presenta mayores carencias de veterinarios e ingenieros técnicos agrícolas”, apunta Joaquín Sánchez, responsable provincial de Administración General de la Comunidad Autónoma (AGCA).
Sánchez reconoce que sin ellos es absolutamente imposible gestionar la agricultura y la ganadería en nuestra región. “Estamos hablando de nuestra mayor fuente de riqueza. Tenemos el ejemplo perfecto estos días con Fenavin. Los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha ocupan siempre el primer puesto en las exportaciones, por lo que este servicio debe ser atendido con los mejores recursos humanos y materiales posibles”, matiza.
CSIF, que lleva años poniendo de manifiesto ante la Administración las carencias de personal de estos servicios, lamenta que no se cubren las jubilaciones, ni las vacantes generadas y además se elimine el presupuesto de estas plazas, de modo que tampoco se espera su cobertura en un futuro cercano.
En total, son más de 50 los puestos de trabajo vacantes en las diferentes oficinas y unidades de Ciudad Real, entre ellos, las plazas ocupadas por personal laboral de las antiguas cámaras agrarias que desarrollan tareas administrativas, las cuales son eliminadas cuando estos se jubilan, aumentando la carga de trabajo para el personal que queda.
De igual forma, recuerda que la formación de los empleados públicos y la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales es un derecho de los funcionarios, recogido en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público. “Esta actualización beneficia directamente la calidad de la prestación del servicio y no puede ser sistemáticamente denegados por necesidades de personal, cuando poder resolver esas necesidades está en manos de las mismas personas que deniegan esa formación”, señala Joaquín Sánchez.
Por todo ello, desde el sindicato se pide a la delegada provincial de Agricultura, Amparo Bremard, que se tome en serio la situación de las oficinas agrarias, luche por ellas y las coloque en el lugar que se merecen, dotándolas, para ello, del personal necesario para atender el servicio.
